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José Antonio Rodríguez Míguez, Alberto José Pardo Silva
La incorporación, in extremis, del instituto de la prescripción en el Reglamento (CE) nº 659/1999, del Consejo, de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE [hoy 88 CE], plantea interesantes incógnitas a las que los tribunales comunitarios han comenzado a ofrecer sus primeras respuestas.
Así ha ocurrido con la STJCE de 6 de octubre de 2005 [Asunto C-276/03 P, Rec. 2005, p. I-8437], en el que el Alto Tribunal comunitario confirma en casación un previo pronunciamiento del TPI (STPI de de 10 de abril de 2003, asunto T-366/00, Scott SA. c. Comisión, Rec. p. II-1763), aunque abre, de manera involuntaria, una cuestión de gran calado en sede de ayudas estatales: la precaria posición del beneficiario de las ayudas en el procedimiento administrativo ante la Comisión Europea.
Todas estas cuestiones son objeto de un análisis detallado, en que no se ignoran las múltiples dudas que todavía quedan pendientes de aclaración.
